Liarte ha querido convocar a la Confederación de empresarios y ha creado el grupo de trabajo de contratación público que tiene la intención de reunirse con periodicidad mensual. El consejero entiende que su gobierno debe denunciar la mala gestión del gobierno anterior y también se compromete a pagar los servicios a la mayor brevedad posible. Divide dichas facturas en dos bloques y adelanta que habrá consecuencias y responsabilidad políticas para facturas que no lleven consigo ningún crédito ni contrato adherido.
También trabaja la consejería en un escrito para que los funcionarios tengan un plazo establecido y la obligatoriedad de contestar a las empresas que soliciten información sobre sus facturas. Ante la petición de la CEME de poder sancionar a la administración en caso de retrasos en los pagos, recuerda Liarte que las facturas corresponden al anterior gobierno y que, se congratula de que el cambio de gobierno haya devuelto la voz a los empresarios.
En este grupo de trabajo también puede participar los sindicatos y asociaciones afectadas.